La caída de un juez
La caída de un juez que cobraba coimas a los narcos que vendían marihuana en Santa Fe
Miércoles 14 DE JUNIO DE 2023
El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado a seis años de prisión por recibir sobornos a cambio de dictar medidas a favor de los imputados. Itatí era el centro de distribución de marihuana que llegaba hasta Santa Fe.
14 DE JUNIO DE 2023 – 06:23
El exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila
Itatí, en Corrientes, era un centro de distribución de marihuana para gran parte del país. Desde fines de los años 90, Los Monos tejieron redes con los narcos que cruzaban la marihuana que se produce en Paraguay. Este esquema funcionó durante décadas y para ello necesitó de aceitadas complicidades, que la justicia empezó ahora a revelar.
Después de un año de un juicio intenso, el exjuez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila fue condenado a seis años de prisión por “cohecho pasivo agravado” y “prevaricato”, porque –según la acusación- habría cobrado coimas a narcos de esa provincia a cambio de beneficiarlos con decisiones judiciales.
También fueron sentenciados los dos secretarios del juzgado de Soto Dávila, los abogados Pablo Molina y Federico Grau, quienes recibieron una pena de cinco y cuatro años de prisión. Tanto el exmagistrado como los funcionarios del juzgado fueron absueltos por la figura de “asociación ilícita”, que les imputaban los fiscales.
Con la sentencia contra Soto Dávila, sus dos secretarios y abogados de narcos correntinos, se termina de completar el esquema de complicidades que funcionaba en Corrientes, con foco en Itatí, desde donde se distribuía la marihuana que cruzaba de Paraguay a siete provincias.
El exjuez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, fue condenado a seis años de prisión por “cohecho pasivo agravado” y “prevaricato”.
Sin esa aceitada connivencia nunca se pudo haber sostenido en el tiempo una organización precaria y rústica que dominaba Itatí, donde ya fueron condenados el exintendente Roger Terán, el viceintendente Walter Aquino, comisarios, gendarmes, policías y narcos. Incluso, uno de los principales traficantes, como Federico Marín, está prófugo desde fines de febrero pasado, cuando desapareció de su residencia en la provincia de Buenos Aires, donde cumplía detención domiciliaria bajo el régimen de protección de testigos.
Para desatar esa compleja red de complicidades los investigadores se valieron de “arrepentidos”, que estaban imputados en las causas, algo que recibió fuertes cuestionamientos de la defensa del exmagistrado y de los principales imputados.
Soto Dávila estuvo al frente del juzgado durante 23 años. En diciembre de 2018 fue detenido por orden del entonces juez Sergio Torres, titular del juzgado Nº12 de Comodoro Py. Las investigaciones sobre el aceitado funcionamiento de una organización narco en Itatí dejó al descubierto las sospechas de que los narcos obtenían beneficios judiciales en el juzgado a cargo de Soto Dávila.
La defensa del exmagistrado negó este argumento a lo largo del juicio, y planteó que se trató de un caso “típico de lawfare”, como esgrimió en diálogo con La Nación la abogada defensora de Soto Dávila, Marina Barbitta, en el que la justicia actúa en tándem con los medios de comunicación.
Según el fiscal federal Carlos Schaefer, “Soto Dávila y los funcionarios del juzgado cobraban coimas a cambio de otorgar beneficios judiciales. Lo hacían a través de los abogados defensores de los narcos”. De acuerdo al fiscal, el exmagistrado habría recibido “coimas en 2011 de parte de Carlos Bareiro, narco de Itatí, cuyo al valor actual serían unos 25.000.000 de pesos”. Bareiro fue condenado a 17 años de prisión en 2021, como jefe de una asociación ilícita que se dedicaba en esa pequeña ciudad correntina al tráfico de marihuana a siete provincias.
Soto Dávila fue condenado por cohecho por darle la excarcelación y libertad a Héctor Botello Da Silva. Uno de los arrepentidos en la causa declaró ante el juez Torres: “(Omar) Serial me dijo «vos ponés y sale»”. Serial, abogado del narco, fue condenado a dos años de prisión este lunes.
Las negociaciones que iniciaron los abogados en ese momento era para que saliera en libertad Botello Da Silva, uno de los miembros de la banda de Itatí, que había sido detenido el 14 de setiembre de 2015, tras un accidente en la ruta 12, donde la Gendarmería lo detuvo. Tenía pedido de captura desde el 5 de junio de ese año porque en un allanamiento en la casa del narco Federico Morenita Marín –actualmente prófugo– secuestraron su DNI.
Federico “Morenita” Marín está prófugo desde fines de febrero de 2023.
Tras el supuesto pago de un soborno en el juzgado, según se desprende del expediente, Da Silva fue beneficiado el 23 de diciembre de 2015 con la falta de mérito. Una semana antes, había declarado en la indagatoria que cuando se hizo el allanamiento estaba pescando con un amigo, Rubén Vera, quien también era parte de la banda narco y estaba siendo escuchado en otra causa que estaba en el juzgado de Soto Dávila. Sin embargo, el juez estableció que “sus dichos resultan creíbles”.
Además, el fallo de los integrantes del tribunal oral federal de Corrientes le achaca a Soto la figura de cohecho pasivo agravado y prevaricato por haberle dado la exención de prisión a Bareiro, a quien también dictó el procesamiento sin prisión preventiva.
Un arrepentido en la causa había declarado que el 26 de octubre de 2016, en el expediente figuraba un testimonio que advertía que “Cachito” Bareiro “pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se hiciera efectiva la captura que pesaba sobre él. Un allegado del juez fue a cenar a la casa de Bareiro para ir a buscar la plata. El secretario del juez, un tal Molina, se encargaba de hacer las transacciones”.
Según la investigación de Procunar, el juzgado de Soto Dávila excarceló a Cachito Bareiro a cambio de 1.000.000 de pesos. Desde septiembre de 2011 se comenzó a investigar a Bareiro por tráfico de marihuana. Una serie de escuchas indicaban que iba a mover un cargamento.
El 17 de septiembre de ese año la Gendarmería secuestró un camión en el puente que une Corrientes con Resistencia, Chaco, y detuvo a Edgardo Coria con 542 kilos de cannabis. Cachito se fugó. Estuvo prófugo tres años hasta que fue beneficiado con una exención de prisión y una imputación de “partícipe secundario” en el caso, cuando en realidad era el líder de la organizació
El fallo del tribunal oral federal de Corrientes, que condenó a Soto y a sus dos secretarios, entre otros, no fue por unanimidad. Los jueces Juan Manuel Iglesias y Manuel de Jesús Moreira votaron a favor de la condena con la disidencia del magistrado de Formosa Rubén Quiñones, quien tuvo un rol polémico –según recuerdan fuentes judiciales– en la causa Carbón Blanco, que se juzgó en Resistencia en 2017.
El próximo 16 de agosto, el tribunal dará a conocer los fundamentos del veredicto, y es probable que tanto la defensa de los condenados como los fiscales federales apelan la decisión a la Cámara de Casación Penal. Es que el fallo no conformó a ninguna de las dos partes.
